Ley N° 1072, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N° 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y Adición a la Ley N° 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros

Importancia

Nicaragua no cuenta con una ley fintech ni con un marco prudencial específico para criptoactivos. La Ley 1072 es la única puerta de entrada regulatoria a estos activos, y lo hace exclusivamente por vía antilavado, sin reconocer figuras como exchanges autorizados, monedas estables, custodios o emisores de tokens.

Comentario editorial

Lectura técnica. La reforma cumple razonablemente con la Recomendación 15 del GAFI, que exigía a los Estados extender el régimen ALA/CFT a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Define un perímetro claro y atribuye supervisión a la UAF, alineándose con la práctica regional posterior a la actualización del GAFI en 2018-2019.

Lectura crítica. El abordaje es estrictamente preventivo-sancionatorio: regula a los PSAV en clave de riesgo de lavado, pero no reconoce sus contratos como válidos en el ordenamiento civil-mercantil, no establece reglas de protección al usuario, ni define un régimen de licenciamiento, capital mínimo o segregación patrimonial. Tampoco diferencia entre tipos de activos virtuales (utility, security, payment), una distinción central en marcos más desarrollados (MiCA europeo, México, Brasil).

Lectura comparada. Contrasta con marcos promocionales como el de El Salvador (Ley Bitcoin, Ley de Emisión de Activos Digitales) que reconocen al activo virtual como bien jurídico para múltiples finalidades, y con marcos integrales como el brasileño (Lei 14.478/2022) o el de la Comisión Nacional de Valores argentina. Nicaragua optó por la regulación mínima compatible con estándares internacionales antilavado, sin pretensión de desarrollar un ecosistema fintech.